La Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal ha transformado la manera en que las empresas españolas gestionan la información financiera y operativa. Esta normativa exige que todos los sistemas utilizados para registrar ventas, facturas y movimientos económicos garantizen la integridad, trazabilidad y no alterabilidad de los datos. Uno de los puntos más relevantes es la obligación de emplear soluciones informáticas certificadas, especialmente en el ámbito de los TPV y software de facturación, para evitar cualquier posibilidad de manipulación o doble contabilidad.
Desde una perspectiva financiera, el cumplimiento de la ley contra el fraude fiscal no solo implica una obligación legal, sino también una mejora sustancial en la calidad de la información económica, lo que repercute directamente en la planificación, la auditoría y el análisis de resultados.







